El Ayuntamiento explora las vías para “seguir defendiendo el interés general” tras la providencia del Supremo sobre el APR7

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha lanzado este mediodía un mensaje de tranquilidad a la población después de conocerse la providencia del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) sobre los terrenos de dos mercantiles en Serra Gelada. Concretamente, el fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ el pasado 23 de mayo, que establecía que el Ayuntamiento debía pagar 283 millones de euros más los correspondientes intereses legales a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada. 

Toni Pérez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que esta misma mañana se han reunido los técnicos municipales de las áreas jurídica y económica para “explorar todas las vías para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm, como hemos hecho siempre en este asunto”. El primer edil ha recordado que el Consistorio tuvo conocimiento a última hora de ayer del contenido de esta providencia y que se convocó una junta de portavoces para informar de la misma a los grupos políticos municipales, “en un ejercicio de transparencia como siempre hemos hecho”. 

Asimismo, ha manifestado que a partir de ahora “vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido desde que en el año 2015 tomamos posesión del gobierno, que no es otra que la defensa del interés de todos los benidormenses”. 

“Todavía es muy pronto para avanzar cuál es la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos y económicos, pero ya les avanzo que no va a ser distinta de la emprendida en base a la infinidad de informes técnicos, jurídicos y económicos con relación a este asunto”, que entraña cierta complejidad judicial debido a que hay distintas causas abiertas, ha explicado el alcalde. De un lado, está la causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con relación a dichos terrenos en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere la providencia del Supremo. De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del Consistorio, una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas: dos ya resueltas en Primera Instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas; y otras tres que aún no tienen sentencia.  

Durante su comparecencia, Toni Pérez ha explicado que “todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios por el gobierno del Partido Popular están respaldadas por los técnicos y por el propio Consell Jurídic Consultiu, así como por los juzgados de Primera Instancia, que hasta ahora siempre nos han dado la razón”, a la vez que ha recordado que estos últimos convenios, los de 2010 y 2013, “fueron firmados primero por un gobierno socialista y después por una coalición de socialistas y liberales, cuando dicho suelo ya había sido declarado Parque Natural y se había dictado la Declaración de Impacto Ambiental”. 

Igualmente, ha reiterado que el gobierno local “siempre ha mantenido la misma postura en relación a la nulidad de dichos convenios, independientemente de quienes fueran los recurrentes”, a diferencia de la actitud adoptada por el grupo socialista “que con las mismas propuestas, los mismos informes y el mismo texto, ha votado una cosa u otra en el pleno en función de quién fuera el recurrente”. Por eso, ha pedido a la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, que explique “por qué renovó en el año 2010 unos convenios que estaban caducados y luego los volvió a apoyar en 2013” y ha recordado que en este último caso “los convenios se tuvieron que aprobar con el voto de calidad del entonces alcalde Agustín Navarro, con el apoyo de PSOE y Liberales, frente a los votos en contra del PP y del no adscrito Juan Ángel Ferrer”. Sobre este punto, Pérez ha afirmado que aquellos convenios “siempre generaron muchas dudas al Partido Popular” y que “desde entonces, nuestra postura ha sido siempre la misma: la defensa del interés general”. 

Por otro lado, ha señalado que “el Ayuntamiento aún no ha agotado el camino” en relación a este suelo y ha aclarado que “no estamos en el momento procedimental de tener que atender esa responsabilidad patrimonial” que derivaría de la sentencia dictada por el TSJ contra la que el Supremo ha inadmitido la casación. “Los técnicos han abierto un abanico de posibilidades que hay que concretar”, ha dicho, tras lo cual también ha aclarado que el Consistorio “está muy capacitado para negociar siempre que lo permita la ley y siempre que no sea en un momento procedimental en que se pueda afectar el interés general”.

El alcalde ha insistido en trasladar “calma y tranquilidad a los vecinos y vecinas de Benidorm, frente al desasosiego que quieren transmitir otros”. “Benidorm tiene un buen gobierno, honrado, honesto y trabajador”, tras lo cual ha insistido en que “vamos a seguir actuando con la misma rectitud que hasta ahora y no vamos a dar ningún paso que pueda poner en riesgo el interés general, porque es a lo que nos debemos”.