El gobierno tendrá que conceder la licencia ambiental al nuevo rastro, tramitado en la anterior legislatura
La edil de Aperturas, Lourdes Caselles, ha explicado que todos los informes técnicos que avalan el proyecto se hicieron siendo alcalde el socialista Agustín Navarro –el último está fechado el 28 de mayo-, y ha recordado que fue el PP en oposición quien dio la voz de alarma en noviembre sobre este rastro y quien solicitó en pleno que se emitieran informes para ver hasta qué punto era viable y legal.
A pesar de que el gobierno local comparte la opinión de los comerciantes y cree que hay “una saturación de mercadillos y rastros”, la edil ha aclarado que va tener que firmar un decreto concediendo la licencia ambiental para este rastro, ya que “de lo contrario estaría incurriendo en un delito de prevaricación administrativa” puesto que todos los informes dan luz verde al proyecto.
A este respecto, la edil ha desvelado que hace unas semanas el cónsul de los Países Bajos envió un escrito al alcalde, Toni Pérez, en el que pedía explicaciones de por qué si todos los informes eran favorables no se había concedido la licencia ambiental y de obras a este proyecto, impulsado por unos compatriotas. Y esta misma semana los empresarios advirtieron que emprenderían acciones legales contra el Ayuntamiento sino se les concedían las licencias avaladas por los técnicos y por Conselleria.
Caselles ha remarcado que “vamos a ser muy exigentes” con este nuevo rastro. Concretamente, se va a limitar su apertura a cuatro días a la semana y se le va a “acotar los productos que se va a poder vender”: 30% antigüedades, 20% objetos usados, 20% oportunidades, 20 % artesanía y 10% otros. Además, se va a exigir a la empresa “que deje varios puestos al Ayuntamiento para que los puedan utilizar las asociaciones benéficas de Benidorm”.
La edil y el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, han recordado que la autorización a este rastro será en precario y por un periodo máximo de 10 años, ya que se encuentra en un sector pendiente de desarrollo urbanístico. De hecho, si en algún momento se desarrollara el sector el rastro dejaría de funcionar y la empresa tendría que encargarse de demoler toda la obra.
El Ayuntamiento estudiará la revocación
De Zárate y Caselles han anunciado que “se va a estudiar la viabilidad jurídica y económica de revocar” la autorización de este rastro al entender que esta actividad no va a beneficiar a Benidorm y al comercio local. No obstante, han matizado que esta medida obligaría a indemnizar a la empresa “por daños y perjuicios, por la inversión que han hecho y por el lucro cesante”.
Responsabilidad del anterior gobierno
De Zárate ha lamentado el nulo margen de maniobra que ha tenido su gobierno en este asunto, y ha trasladado a los comerciantes que “vamos a defender que no se monte el rastro en la Avenida Comunidad Valenciana”. El portavoz ha acusado al anterior gobierno de “engañar a los comerciantes y a AICO diciéndoles que no iba a autorizar este rastro mientras lo estaba tramitando, y justificándose en que había sido Conselleria la que había dado el visto bueno”. “Sin la firma del anterior concejal de Aperturas, Conrado Hernández, Conselleria no habría autorizado”, ha puntualizado.