Toni Pérez asiste a la presentación de una campaña contra el intrusismo en la oferta de alojamiento y clausura la asamblea anual de la Asociación de Apartamento Turísticos
El alcalde de Benidorm ofrece su colaboración a Aptur ante las incertidumbres que plantea la nueva Ley de Turismo
Toni Pérez ha asistido esta mañana a la presentación en el Invattur de la campaña “belegalmyfriend.com” puesta en marcha por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) para combatir el intrusismo e impulsar el alquiler de la oferta de alojamiento turístico reglado en España, y ha participado en la clausura de la asamblea anual celebrada por la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca y Benidorm (Aptur), en la que su presidente, Miguel Angel Sotillos ha sido reelegido en el cargo. Junto a Toni Pérez y Miguel Angel Sotillos, en el acto de clausura participaron el jefe de Servicio de Asistencia e Inspección de la Dirección General de Turismo, Javier Herraiz, y el Gerente del Patronato Costa Blanca de la Diputación Provincial, José Mancebo.
El alcalde señaló que estaba “codo con codo con un sector, -dijo-, que está demostrando que tiene las cosas claras” y, además de poner a la disposición de Aptur los servicios que gestiona Visit Benidorm, reiteró la disponibilidad del Ayuntamiento para colaborar con el sector “haciendo lo que nos toca para mejorar los servicios, la escena urbana y nuestros índices de seguridad y de satisfacción de quienes nos visitan”.
Toni Pérez se refirió también a la situación actual de incertidumbre que atraviesa el sector de alojamiento turístico de alquiler reglado, con la entrada en vigor de la nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, y especialmente por lo que establece en su artículo 65, que traslada a los consistorios la obligación de expedir informes de compatibilidad urbanística como requisito para que una propiedad sea considerada como vivienda de uso turístico.
El alcalde recordó que desde Benidorm se había estado junto con el sector “abiertos al diálogo, colaborando y participando en cuantos borradores nos han presentado en el Consell de Turisme, pero es verdad que este artículo 65, su redacción final, es fruto de una enmienda presentada con posterioridad a ese proceso en el trámite parlamentario de las Cortes Valencianas, donde como se ha demostrado basta el voto de una mayoría simple para introducir un factor que alguien a lo mejor no ha calculado su impacto real en algo que es fundamental, al menos para la economía de Benidorm, como es el hecho de que la oferta regulada de la que hoy gozamos y disfrutamos, pueda seguir creciendo y hacerlo con calidad”.
“Se rompe así con el trabajo del sector y de las administraciones implicadas para, al final,-añadió-, sean los Ayuntamientos los que tengan que modular aquello que establece una Ley que deposita en nuestras competencias urbanísticas una solución que quizá todo el mundo esté esperando, pero esa formulación es lenta y solo se puede acometer con una modificación puntual de los Planes Generales”.
Toni Pérez concluyó facilitando un dato expresivo sobre la realidad de este sector en Benidorm y lo que hasta la fecha ha supuesto la entrada en vigor de la nueva Ley. El último baremo de Benidorm relativo al ejercicio 2017, subraya la evolución al alza del sector de apartamentos turísticos arrojando el dato de que Benidorm había sumado más de 3.500 apartamentos turísticos reglados nuevos, cifra que situaba la oferta de la ciudad en ese segmento, en un total de más de 25.000 apartamentos turísticos reglados. “Es un dato muy relevante,-dijo-, que choca frontalmente con el número de certificados de compatibilidad urbanística favorables que, desde la publicación de la Ley, el 8 de junio, se han otorgado en toda la Comunidad Valenciana, y que ha sido un total de 15 certificados. Cuando una norma arroja datos de este tipo, -concluyó-, quizás no esté generando los frutos deseados por aquellos que participaron en la redacción de la misma o, como es el caso, de los que la enmendaron sin tener en consideración la realidad del sector y el proceso participativo que dicha Ley conllevó.