Benidorm reclama a la EPSAR que asuma el aumento del coste de la depuradora causado por el incremento del precio de la energía

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy la memoria extraordinaria de modificación en la estructura del coste energético del servicio de saneamiento y depuración de la EDAR de Benidorm para el ejercicio 2023 y ha solicitado a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) que valore dicha memoria en la que se justifica un incremento de los costes energéticos financiables por valor de 1.072.065,96 euros.
En la práctica, ello significa que el Ayuntamiento reclama a través de esta moción que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) se haga cargo de dicho aumento del coste a cuenta del canon que cada año paga Benidorm “y que no se ha traducido en inversiones”, según ha apuntado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. 
El edil ha argumentado que el coste energético “es salvaje” y ha recordado que los ciudadanos de Benidorm pagan a la EPSAR 6,2 millones anuales, de los que la administración autonómica solo abona a la concesionaria de la EDAR cuatro millones. “Es decir, que la EPSAR no se gasta en inversiones más de dos millones que sobran de la cantidad que recibe. Las inversiones a la EDAR no llegan y las únicas que se producen son las que ejecuta el Ayuntamiento o la Diputación” ha afirmado.
La memoria refleja que para 2023 se estima un incremento de 1.072.065,96 de euros, “lo que es una barbaridad”. Por ello, ha continuado el concejal, “queremos pasarle esta memoria a la EPSAR para que ellos asuman el aumento del coste energético. Es decir, que lo que es nuestro se quede en Benidorm y no en la caja de la EPSAR”. De hecho, el edil ha recalcado que en el caso de producirse alguna avería en la EDAR “no tenemos la seguridad de que la repararán porque no quisieron firmar ningún compromiso”.
En la misma sesión, por unanimidad han salido adelante tres mociones emanadas de la Junta de Portavoces. La primera de ellas relativa a la concesión de la Medalla Corporativa de Benidorm al exalcalde de Beniardá, César Vicedo Bou, fallecido recientemente, la cual será entregada a título póstumo en el Día de la Constitución Española, el próximo 6 de diciembre. 
César Vicedo, alcalde de Beniardá en 1978 fue “decisivo en la solución del problema de abastecimiento hídrico a Benidorm”. Su ayuntamiento permitió la prospección de pozos en su término municipal de forma que en 1979 permitió aflorar el agua, el mayor acuífero de la Marina Baixa, “salvando el modelo y la marca turística”. César Vicedo “fue un gran hombre, un hombre bueno al que Benidorm ni puede ni debe olvidar”, indica la moción.
La segunda moción de la Junta de Portavoces era una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la misma se manifiesta “nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencias”.
De igual forma, la declaración considera que “es tiempo de que la sociedad tome conciencia e interiorice que, como ha dicho la ONU, la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas”. También se recuerda que 1.168 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registro de víctimas en 2003 “Observamos con preocupación el aumento en nuestro país de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial, de igual manera el incremento de menores en situación de vulnerabilidad, ya que la violencia que sufren las madres se extiende a ellos” rezaba la moción.
También de forma unánime ha salido adelante la tercera moción de Junta de Portavoces por la cual las retribuciones de los miembros de la corporación municipal no se verán incrementadas por el porcentaje autorizado por el Gobierno de España para la anualidad de 2023.
El pleno ha aprobado asimismo la incoación de expediente de contratación del contrato de ejecución de las obras de enlace de la N-332 y su conexión con la avenida de la Comunidad Valenciana. “Es una buena noticia que haya llegado este punto a pleno, aunque es una obra que debería haber atendido el Ministerio” ha afirmado la concejal de Contratación, Aida García Mayor, quien también avanzaba que la obra “se tramitará con la mayor celeridad posible”.
En la sesión también se ha aprobado por mayoría declarar la nulidad del convenio urbanístico referente al sector APR-7 que fue suscrito en el año 2003 entre el Ayuntamiento y propietarios de suelo en lo que ahora es el Parque Natural de la Serra Gelada.  La portavoz Lourdes Caselles ha razonado que al vista de la documentación y los “numerosos informes”, incluido el del Consell Jurídic Consultiu, “procede declarar la nulidad de los acuerdos anteriores tomados en torno a este asunto” con lo que “se da por terminado el expediente de revisión de oficio”.
Con los votos de los grupos municipales del PP y Cs ha salido adelante una moción para instar al Gobierno de España a no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición. “Lamentablemente vamos a tener que ir al capítulo de enmiendas porque con nocturnidad y alevosía el Gobierno procedió el pasado viernes a su aprobación” ha lamentado Caselles, que ha afirmado que “el Gobierno no ha hecho caso ni siquiera a sus votantes, que en un 49% no están de acuerdo con este cambio, sino que tampoco cumple la Constitución y hace concesiones a los que quieren romper España. Los ayuntamientos debemos posicionarnos a favor del cumplimiento de la Constitución Española”. “Estamos a favor de que cumplan la totalidad de las penas aquellos que se levantaron contra España” ha zanjado la portavoz.
También se ha aprobado con los votos del gobierno y de Cs otra moción conjunta para pedir al Gobierno de España que apruebe, con carácter de urgencia, medidas legislativas para aplazar la obligación del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes del año 2023 en los municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 que superen los límites de los contaminantes regulados en el Real Decreto. 
La concejal de Medio Ambiente y portavoz adjunta, Mónica Gómez, argumentaba al respecto que el Gobierno “todavía no ha realizado el desarrollo reglamentario” de la norma que obliga al establecimiento de las ZBE, “por lo que no se ha concretado el mandato genérico de establecimiento de las ZBE”. La misma incide en que el Ejecutivo “debe establecer los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE, aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general”.
Dadas las fechas actuales y la “imposibilidad” de cumplir lo establecido en la ley por parte de las Entidades Locales “es necesario y urgente que se apruebe una moratoria del plazo de entrada en vigor” de las Zonas de Bajas Emisiones. Gómez añadía que el hecho de no tener aprobado el Real Decreto que regula las ZBE “está generando una incertidumbre innecesaria a las Entidades Locales” lo que implica que “se puede poner en riesgo los fondos europeos asociados a la entrada en vigor de las mismas”.
En ese sentido, Gómez ha recalcado que “Benidorm ha hecho los deberes, pero se pide la ampliación de plazo en solidaridad con otras poblaciones que no han sido capaces de ejecutar las actuaciones necesarias”.
Por mayoría se ha aprobado una propuesta del grupo municipal del PP en la que se muestra la condena hacia “los ataques vertidos contra jueces y magistrados con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual”. La portavoz Lourdes Caselles ha recalcado que dicha ley “ha tenido informes en contra y estamos viendo que se reducen las penas para los delitos más graves, a pesar de que había informes que advertían de esa posibilidad”.
Caselles ha lamentado que la ministra Irene Montero “en lugar de asumir el error ha tildado a los jueces de machistas y de no hacer bien su trabajo”. Por ello, la moción no solo muestra la condena del Ayuntamiento sino que insta al Consell a condenar dichos ataques y al presidente del Gobierno “a que destituya a la ministra de Igualdad Irene Montero y se promueva la revisión de la ley para que quienes cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de este año”.
Despachos extraordinarios
En el capítulo de despachos extraordinarios los votos del equipo de gobierno han bastado para aprobar por la vía de urgencia una modificación presupuestaria, la número 18, por valor de 2.528.789,34 euros para atender gastos en las Concejalías de Limpieza Viaria (2.180.262,34 euros por el incremento de costes previstos en el servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos, así como en limpieza viaria), Turismo (32.727 euros), de Juventud (6.000 euros), gastos de reparaciones y mayores subvenciones de la Concejalía de Deportes (239.800 euros) y gastos de engalanamiento navideño de la Concejalía de Fiestas (70.000 euros).
La concejal de Hacienda Aida García Mayor ha calificado de “fundamental” esta modificación para hacer frente a necesidades y actividades de Concejalías. En cuanto a la cantidad más elevada, relativa a Limpieza Viaria, la ha justificado por “el aumento de costes de servicios obligatorios como la recogida viaria, la recogida selectiva, la transferencia de residuos sólidos y la eliminación de residuos sólidos urbanos”. La edil ha precisado además que las aportaciones para 2022 han conllevado “la aplicación de tarifas que implican un aumento del 33,34% sobre lo abonado en 2021”.
Sin embargo, García Mayor ha insistido que pese a ello “seguiremos ayudando a familias y empresas porque vamos a asumir costes de servicios con el presupuesto municipal”. En ese punto ha puesto de ejemplo la tasa de basura, “que no la subiremos a pesar de que el Consorcio nos empuja a ello con un incremento superior al 12%. El coste lo asumimos desde el Ayuntamiento”. E igualmente ha subrayado que “no nos olvidamos tampoco de las familias que también volverán a tener su ayuda en Navidad”.