Benidorm muestra su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y condena los actos violentos en apoyo a Pablo Hasél

La Corporación municipal de Benidorm votará mañana en pleno una moción de la Junta de Portavoces para manifestar el “apoyo y respaldo” del Ayuntamiento “a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos”, y en la que se “reprueba y condena los actos violentos” como los vividos en los últimos días “dentro de las manifestaciones convocadas por la izquierda radical” contra “la encarcelación de Pablo Hasél”.

La moción, firmada por el alcalde Toni Pérez, incide  que “no se puede confundir el derecho legítimo de manifestación y la defensa de la libertad de expresión con el uso de la violencia por parte de grupos organizados radicales”; y, por ello, reprueba y condena “todos los actos vandálicos, independientemente de la ideología en la que se amparen”.

Del mismo modo, censura “cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia”.

El texto recalca que “es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotundamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta así como cualquier acción justificativa de los mismos”, y califica de “inapropiadas” afirmaciones como las de algunos miembros de Unidas Podemos o del alcalde de Valencia, Joan Ribó, “poniendo en tela de juicio la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

La moción destaca que “los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles” y “dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos”. Es por ello, agrega, que se merecen “el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española”, siendo “injusto e intolerable” que se les trate de ‘crispadores sociales’ cuando son “servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la seguridad, la libertad y el libre ejercicio de nuestros derechos”.

Una vez aprobado el acuerdo, se dará traslado del mismo a la Generalitat Valenciana, a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, del Congreso y del Senado, así como a la Diputación de Alicante.