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El pleno deja en suspenso la licitación del contrato de limpieza y recogida de residuos para rehacer los pliegos y adaptarlos a la resolución del TACRC

Benidorm da luz verde al mayor plan parcial de la ciudad y a la cesión de suelo para construir 91 viviendas protegidas para alquiler

27 Marzo 2024
Benidorm da luz verde al mayor plan parcial de la ciudad y a la cesión de suelo para construir 91 viviendas protegidas para alquiler

El Ayuntamiento solicita a la Generalitat un reconocimiento para tres agentes de la Policía Local y avanza en el Autorreglamento del Presupuesto Participativo de 2025

El pleno de Benidorm ha aprobado hoy de manera definitiva la versión final del Plan Parcial 1/1 ‘Ensanche Levante’, una propuesta de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, que ha salido adelante por mayoría con el voto favorable del equipo de gobierno del PP, la abstención de Vox y el contrario del PSOE. También en materia urbanística se ha aprobado la cesión de suelo a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de una parcela de propiedad municipal de 4.000 metros cuadrados para la construcción de 91 viviendas protegidas para alquiler.

En cuanto a la aprobación definitiva del Plan Ensanche Levante, la misma significa que los propietarios del suelo pueden iniciar los trámites para la redacción del proyecto de urbanización y reparcelación del sector, que ocupa una superficie de 575.371,20 metros cuadrados de suelo. Se trata del sector urbanístico más importante del término municipal en cuanto a superficie de los que se recogen en el

Plan General de 1990

El proyecto prevé una superficie de 13.917 metros cuadrados en dos parcelas para usos educativos. Estas parcelas se incluyen en los más de 95.000 metros cuadrados previstos para equipamientos. El plan parcial contempla, además, un gran parque central de 61.629 m2, casi 13.000 m2 en jardines y más de 23.000 de espacios libres peatonales.

El plan parcial destinará en total un 65% del suelo para equipamientos públicos y zonas verdes y el 35% para la edificación de viviendas residenciales, turísticas y hoteles. Los inmuebles tendrán una altura mínima de 20 plantas, “por lo que se seguirá el modelo de ciudad vertical característico de Benidorm” ha señalado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Según el proyecto, el número de viviendas turísticas que se crearán será de 1.564, mientras que el de pisos residenciales será de alrededor de 780. El número de establecimientos hoteleros programados es de una veintena.

Caselles ha agradecido el “trabajo incansable” de los técnicos en todo este proceso “que ya tiene todos los informes favorables” y ha detallado que “en este plan se incluyen 660 viviendas de protección pública, además de hoteles, viviendas turísticas, tres grandes espacios comerciales, suelo dotacional de uso educativo, con carril bici y grandes espacios peatonales. En definitiva, una continuidad del modelo Benidorm, que lo pone en valor”.

La titular de Urbanismo ha incidido en la existencia de “dos parcelas educativas” y en el hecho de que “la superficie lucrativa es solo del 35% y el 65% restante es zona verde, equipamientos, viales peatonales y de bicicletas. Habrá un gran parque central con infraestructuras dotacionales”. En ese punto la concejal ha criticado al grupo socialista por su oposición a la aprobación del Plan Parcial y les ha afeado que “les duela que avance, se desarrolle y sea una realidad en poco tiempo”.

También ha salido adelante por unanimidad la cesión de una parcela en el Plan Parcial Murtal 2 a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, a la que también se transmite la titularidad a título gratuito, para que se construyan viviendas de protección pública, que lo serían “en régimen de alquiler asequible”, según ha señalado el concejal de Patrimonio General, Jaime Jesús Pérez.

“El Ayuntamiento continua en su compromiso de impulsar la construcción de vivienda pública” ha afirmado el edil, que ha precisado que serán 91 viviendas, lo que convierte esta promoción pública “en la más importante en Benidorm en la etapa democrática”. Además, ha asegurado que “la construcción de estas viviendas generará una oportunidad para las personas beneficiarias y una oportunidad más en el mercado”. 

La propuesta aprobada establece un plazo máximo de cinco años para que se cumpla la construcción de edificación residencial con destino a viviendas de protección pública y que en el caso de incumplimiento la parcela revertirá al patrimonio del Ayuntamiento. Igualmente se indica que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo será quien se haga cargo de los gastos de conservación y mantenimiento, así como del IBI del solar cedido.

Pérez ha recordado que el anterior Consell “no hizo nada en ocho años en materia de viviendas de protección pública” y añadía que “en realidad, lo único que hizo, al igual que el gobierno de Pedro Sánchez, es modificar las leyes de modo que se contradicen entre sí e imposibilitan la construcción de viviendas en la Comunidad Valenciana”. En ese punto el concejal ha lamentado que sean “leyes que protegen más a los okupas que a los propietarios en vez de apostar por medidas incentivadoras”. Jaime Jesús Pérez ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno por el impulso de 600 viviendas públicas en esta legislatura, al igual que el de la Generalitat de construir 10.000 en ese mismo período. “Ya hay un primer paquete de casi 700 viviendas, de las que 91 son para Benidorm” ha concluido Pérez.

Otro de los asuntos que también ha salido adelante en el pleno por amplia mayoría es la propuesta del concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, para dejar en suspenso el expediente de adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, con el fin de rehacer los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para adaptarlos a las indicaciones establecidas en la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). 

Luis Navarro ha recordado que esta suspensión se produce “como consecuencia del recurso presentado por siete de los ocho concejales del PSOE”, estimado solo en parte por este Tribunal, y ha afeado que este grupo municipal “desde que se inició el procedimiento en el año 2020, no ha aportado ni una sola propuesta y solo ha esperado a que se aprobasen los pliegos para recurrirlos”. Igualmente, el edil ha defendido que el objetivo de este contrato era “configurar los mejores servicios para Benidorm en algo tan sensible como la limpieza viaria y la recogida de residuos”, algo por lo que, ha confesado, “no nos sentimos culpables”. 

En su intervención, el edil del área también ha mencionado que los pliegos recibieron en su día la aprobación por parte de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y la Intervención General de la Generalitat Valenciana. “Gracias a su recurso, el PSOE ha conseguido que al final prevalezca el criterio económico frente a la mejor relación calidad-precio, pudiendo poner en riesgo la viabilidad del servicio, como ha ocurrido en otras ciudades que optaron por ese modelo”, ha agregado el concejal, quien también ha lamentado que “han conseguido que el Ayuntamiento gaste en alquileres en lugar de en la adquisición de bienes y, en definitiva, que se repercuta al ciudadano un incremento del coste anual, que bien se podrá fijar en torno al 25%”. Navarro ha concluido señalando que esta demora en la contratación “solo beneficia al actual concesionario y perjudica a Benidorm“. 

La moción, que también contempla notificar el acuerdo y la resolución del TACRC a las tres empresas que presentaron ofertas a esta licitación para comprobar el estado de las ofertas presentadas y proceder a su retirada; conservar todos los actos y trámites incorporados al expediente de contratación 106 /2021 de Contrato de servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza de los Espacios Públicos, no afectados por la resolución del Tribunal; efectuar todas las consultas a órganos consultivos que fueren preceptivas; y, por último, notificar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la aceptación de sus indicaciones, ha salido adelante con los 17 votos a favor del Partido Popular y Vox y con el voto en contra del PSOE. 

Durante la sesión, los grupos de la Corporación también han aprobado la denegación por parte del Ayuntamiento de una compatibilidad solicitada por un funcionario municipal para poder compaginar la función pública con el ejercicio de la actividad privada. La propuesta, presentada por la edil de Recursos Humanos, Ana Soliveres, atiende así a los informes elaborados por los técnicos dicho departamento, que concluyen que este funcionario tiene reconocida en la Valoración de Puestos de Trabajo un complemento específico que establece para él la dedicación exclusiva y la incompatibilidad para ejercer otra actividad, por lo que “legalmente no procede” atender su solicitud de compatibilidad. La moción ha salido adelante con 17 votos a favor de PP y Vox y con la abstención de los ocho ediles del PSOE. 

Reconocimiento para tres policías locales y Presupuesto Participativo

Igualmente, el pleno ha sacado adelante por unanimidad dos mociones presentadas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, para iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana para distintos agentes de la Policía Local. En concreto, para el agente Jorge Lloret Llorca, para quien se solicita una felicitación pública “por su rápida y decidida intervención de fecha 20/11/2023, en la que realizó maniobras RCP a una mujer que se encontraba inconsciente hasta que recobró la respiración, siendo posteriormente trasladada al hospital comarcal por los servicios sanitarios”.

Igualmente, también se ha solicitado una felicitación pública para los agentes Miguel Puertas Reig y Elizabeth Blanco Grados “por su rápida y decidida intervención de fecha 19/01/2024, en la que rescataron a una persona y sus dos canes del interior de una vivienda en la que se estaba produciendo un incendio”.

La siguiente moción que ha salido adelante también por unanimidad ha sido una encaminada a la aprobación del Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2025, elevada a pleno por la edil de Participación Ciudadana, Ana Pellicer. La concejal ha trasladado que “desde su puesta en marcha efectiva en 2016, ejercicio a ejercicio, el Presupuesto Participativo se ha consolidado como una herramienta eficaz para mejorar y afianzar la democracia participativa, al dar a la ciudadanía potestad para decidir el uso finalista de al menos el 5% del presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Benidorm”. Asimismo, Pellicer ha recordado que es en este Autorreglamento “donde se regulan los mecanismos de participación de la ciudadanía”, contemplando en el mismo, entre otras, “el uso de una plataforma digital para promover la presentación de propuestas y el voto telemático de las mismas”.

Asimismo, en el pleno también se ha dado cuenta de la sentencia nº 83/2023 del TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, que falla a favor del Ayuntamiento de Benidorm, desestimando el recurso interpuesto contra el auto dictado JCA nº 3 de Alicante en el procedimiento ordinario nº 325/2021 y de la Providencia del Tribunal Supremo de inadmisión a trámite, Recurso de Casación nº 4883/2023, en relación al APR-7 Serra Gelada.

Sentencia sobre la Zona Azul
Por último, durante la sesión plenaria, dentro de los despachos extraordinarios, también se ha dado cuenta de la sentencia 188/2024 de 13 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que da la razón al Ayuntamiento y rebaja enormemente las pretensiones de la empresa concesionaria del servicio ORA en la ciudad sobre la compensación económica a percibir por los efectos de la pandemia. Así, dicha compensación ha quedado fijada en 77.628,61 euros, en lugar de los 794.888,12 que reclamaba al principio la empresa.

Como consecuencia de esta sentencia, de los tres grupos municipales han aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria presentada por el edil de Movilidad, Francis Muñoz, por valor de 77.628,81 euros. Dicha modificación se realizará con cargo al Fondo de Contingencia con el fin de consignar dicha cantidad para el abono de la sentencia del TSJ y reducir al máximo los posibles intereses de demora que el demandante pudiera reclamar con posterioridad.

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