Ciudadanos reclama sacar a concurso el contrato del servicio de alquiler que lleva caducado desde octubre de 2018

El portavoz del Grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benidorm, Juan Balastegui, ha advertido de que “actualmente para 90 kilómetros de carril bici, tenemos unas 70 bicicletas públicas operativas, la mitad con problemas en sus frenos, pedales y otras deficiencias”, y ha añadido que “una infraestructura así merece un servicio público de alquiler de bicis eficiente”.

El edil de Cs ha explicado que esta situación se debe “al apego del PP en mantener los contratos públicos de servicios prorrogados el mayor tiempo posible”. Según ha recordado Balastegui, “el alquiler de bicicletas está incluido en el de explotación del mobiliario urbano, caducado desde octubre de 2018 y para el que, a día de hoy, no está redactado el nuevo pliego según nos afirmaron en la comisión informativa del lunes”. También, ha incidido el portavoz, “se debe a la falta de control del gobierno local, que hace más de un año aseguró que se repondrían 200 bicicletas municipales que nadie ha visto”.

Desde Ciudadanos también han puesto el foco en la falta de reposición y mantenimiento. “De las 23 bases existentes, muchas están largos periodos de tiempo sin una sola bicicleta, como ocurre en la avenida de Alfonso Puchades, el Salto del Agua, la Estación del Tram, la parada en la de autobuses, o la de la Cala”.

Por ello Ciudadanos ha ha reclamado, como hizo en mayo de 2018, sacar a concurso el contrato, de manera independiente “en lugar de como se hizo en 2008, que fue una chapuza”.

En 2008, a través de la contrata para la explotación de soportes publicitarios en la vía pública (Impursa), se incluyó la implantación del sistema de préstamo de bicicletas. Se hizo efectivo en 2009 y 2010 con 10 bases y 250 bicicletas obtenidas con subvenciones. En 2011 la empresa renunció al servicio alegando motivos económicos, endosando el mantenimiento a la concesionaria del alumbrado en precario durante dos años. Después el servicio se devolvió a Impursa, gestionándolo siempre a través de la empresa LaBici, que advirtió que el servicio se resentiría al no cumplirse los acuerdos pactados con el Ayuntamiento.