El pleno prorroga un año el contrato de gestión de las playas y compensa a la empresa por el desequilibrio que tuvo durante la pandemia

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha autorizado hoy por unanimidad prorrogar el contrato de gestión integral de las playas hasta el 15 de enero de 2026, así como ampliar el plazo de la concesión inicial de dicho contrato en 18 meses para compensar a la empresa por el desequilibrio económico sufrido por los efectos de la Covid-19. La concejal de Playas, Mónica Gómez, ha indicado que la aprobada hoy es “la cuarta prórroga prevista en el contrato”, que es de cinco años con posibilidad de otros cinco más a través de autorizaciones anuales.

La edil ha explicado que el expediente elevado a pleno aborda también la solicitud de  la empresa concesionaria, RA Benidorm, para ser compensada por los ingresos que dejaron de percibir por la suspensión del contrato debido a la pandemia entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2022. Durante este tiempo, los servicios de las playas se fueron modulando en base a las posibilidades sanitarias de cada momento, por lo que la empresa “no explotó las playas en los términos recogidos en el contrato”. 
Gómez ha informado que con la normativa estatal en la mano, la empresa debe ser compensada económicamente o bien ampliando la duración del contrato, que es justamente lo que reclama la concesionaria: una ampliación de 18 meses. Los informes técnicos avalan la solicitud de la empresa, por lo que se ha concedido “una ampliación de plazo” del contrato inicial “de una temporada completa de 11 meses y una segunda de siete meses desde enero hasta el 30 de septiembre” del año correspondiente. La edil ha aclarado que esta ampliación del contrato, dividida en dos temporadas, “empezara a contar a partir de la finalización de los diez años de contrato”. 

Por otra parte, también como despacho extraordinario y por unanimidad, se ha aprobado la continuidad del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para el ejercicio 2025. El concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, ha recordado que “se trata de un servicio básico” que debe prestarse, y ha expuesto que las condiciones serán las mismas que en 2024, no contemplándose ampliaciones de servicios ni recursos. 

Navarro ha agregado que esta propuesta de continuidad finaliza el 31 de diciembre de 2025 o una vez que se inicie el nuevo contrato. 

De nuevo por unanimidad el pleno ha ratificado el decreto para ampliar la duración del contrato de mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para compensar a la concesionaria por el desequilibrio económico sufrido durante la pandemia, cuando se redujeron los caudales. El edil del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado que en cumplimiento de la normativa estatal, la empresa tiene derecho a ser compensada “bien ampliando el plazo del contrato o bien económicamente”. Los técnicos municipales han optado por la primera opción y “han decidido que el contrato se amplíe en 111 días”, hasta el 7 de abril de 2025. 

González de Zárate ha señalado que en paralelo a esta ampliación “ya se ha iniciado el expediente para licitar el nuevo contrato”, que “esperemos poder traer a pleno en el primer trimestre de 2025” una vez que los técnicos municipales y de la Conselleria acuerden cuestiones claves a plasmar en ese nuevo contrato como las condiciones laborales de la plantilla o los costes energéticos. 

Con el voto a favor de PP y PSOE, y el voto en contra de Vox, el pleno ha aprobado definitivamente la ordenanza fiscal número 17 que regula la tasa de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos. Según ha expuesto la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, durante el periodo de exposición pública se recibió una reclamación a la modificación de la ordenanza y que ha sido inadmitida en base al informe del área de Tesorería ratificado por Secretaría. 

Por mayoría, con los votos del gobierno local y Vox, el pleno ha aprobado la moción del grupo municipal del PP para instar al Gobierno de España a derogar el decreto 933/2021 que regula el nuevo registro de viajeros en alojamientos y para el alquiler de vehículos a motor. La portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, ha señalado que este nuevo registro, que entró en vigor a principios de diciembre, está haciendo “serio daño” a España “en materia competitiva frente a otros países que no exigen esta burocracia ni cantidad de datos –hasta 40- que pueden afectar a la protección de datos”; y ha agregado que el decreto ataca al turismo, una actividad que hasta octubre se ha traducido en Benidorm en 13,6 millones de pernoctaciones, un 3,12% más que en 2323, y 1,5 millones de turistas extranjeros, casi un 4% por encima de los datos del año anterior.

Caselles ha asegurado que a la hora de elaborar y aplicar este decreto “no se ha escuchado al sector turístico”, y ha recriminado al Gobierno de España que haya hecho “caso omiso” a los acuerdos del Congreso de los Diputados y del Senado para demorar la implantación del registro.