Reclama nuevamente a la Generalitat la tranviarización del TRAM a su paso de Benidorm para evitar los atascos y problemas de seguridad vial en la avenida de Beniardá
El pleno aprueba la regulación que prohíbe a los vehículos de movilidad personal circular por las aceras, salvo en casos de diversidad funcional
El pleno de la corporación de Benidorm ha aprobado hoy por unanimidad modificar la ordenanza de Movilidad para regular el uso de los vehículos de movilidad personal, entre los que se incluyen los patinetes, segways y sillas de ruedas autopropulsadas. El concejal del área, José Ramón González de Zárate, ha agradecido “el trabajo y la paciencia de los técnicos municipales” que ha propiciado una regulación que se adapta “a las líneas trazadas por la Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias” y con la que “Benidorm se convierte en una de las primeras ciudades en aplicar una normativa que ordene el uso de estos nuevos vehículos con las mayores garantías de seguridad para todos los usuarios de la vía, fundamentalmente los peatones”.
Según ha detallado durante la sesión, en esta normativa “se prohíbe con carácter general a estos vehículos circular por las aceras, salvo en los casos de personas con movilidad reducida o diversidad funcional que podrán hacerlo a una velocidad máxima de 4 kilómetros por hora, el equivalente a la velocidad de los peatones”. Estos vehículos de movilidad personal tampoco podrán circular por los carriles-bici ubicados en las aceras, pero sí por los que discurren por la calzada. En las calles de plataforma única en las que esté autorizado el paso de vehículos podrán circular “a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, como también podrán hacerlo por la calzada respetando esa misma velocidad”; mientras que por los parques sólo podrán transitar los patines más pequeños.
Además, todos los usuarios de este tipo de vehículos están obligados a circular con casco y con un seguro de responsabilidad civil. La normativa aprobada hoy incluye un régimen sancionador con multas de hasta 500 euros, en los casos de infracciones muy graves.
El pleno por amplia mayoría también ha aprobado instar a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana que el proyecto de 2009 de mejora de la CV-70 que une Alcoy y comarca con Benidorm por Confrides se contemple como prioritario en el documento UNEIX, en el que se definen las principales líneas estratégicas de actuación para el periodo 2019-2030. Según la propuesta, este proyecto debe contemplar dos carriles amplios –uno en cada dirección-, la eliminación de curvas y un túnel que evite un puerto de montaña cerca de Confrides, acortando el tiempo de recorrido y aumentando la seguridad.
Además, y a través de una enmienda del propio gobierno local, se ha incorporado solicitar a la misma Dirección General la supresión de los pasos a nivel del TRAM y la tranviarización de esta infraestructura a su paso por Benidorm siguiendo el modelo que ya opera en toda la Línea 1 y en gran parte de la Línea 9 para evitar los atascos que se producen en la avenida de Beniardá tras la puesta en marcha del nuevo apeadero.
También en materia de movilidad, la mayoría de los concejales han ratificado el decreto de aprobación definitiva de la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que mejora los accesos peatonales y rodados a la zona del futuro centro comercial y del polígono industrial.
Por amplia mayoría, el pleno ha respaldado la propuesta de la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, para aprobar provisionalmente la segunda modificación del Plan Parcial 3/1 Industrial para su remisión a Conselleria. La edil ha explicado que “esta modificación supone adecuar este Plan Parcial a los informes sectoriales emitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Subdirección General de Movilidad, así como al informe favorable condicionado del Ministerio de Fomento, lo que nos permite seguir avanzando con garantías en el desarrollo del polígono industrial, del centro comercial y de todas aquellas infraestructuras complementarias a ambos”.
La mayoría de los concejales de la corporación han dado luz verde al Plan de Reforma Interior del Hotel Los Arcos y al correspondiente convenio en el que se regula la compensación a realizar por la propiedad a cuenta de la obra de renovación, mejora y ampliación que le permite al establecimiento subir de categoría en base a la modificación puntual número 1 del Plan General. La concejala de Urbanismo ha apuntado que el establecimiento ya cedió “una franja de dos metros de fachada, equivalente a 1.260 metros cuadrados útiles, para la ampliación de la avenida Filipinas y Lepanto”. La compensación se completa “con una aportación de 113.472,70 euros, cuantía que se incorpora al Patrimonio Municipal del Suelo para la adquisición de suelos dotaciones”.
Por unanimidad, el pleno ha acordado solicitar al órgano competente de Costas que reanude el procedimiento de desafectación y reversión al Ayuntamiento de las avenidas Alcoy y Madrid y de la calle Virgen del Sufragio, una vez que la Audiencia Nacional ha declarado firme la sentencia que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento contra el nuevo deslinde.
Por amplia mayoría, la corporación ha nombrado Hijo Adoptivo de Benidorm al abogado y político José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, uno de los ‘padres’ de la Constitución Española fallecido el pasado 6 de marzo. El acuerdo de la Junta de Portavoces señala que Pérez-Llorca, descendiente de benidormenses, “profesaba a la ciudad de Benidorm un afecto inquebrantable”. “Quienes le conocieron u ocuparon cargos de responsabilidad con su etapa política –prosigue la propuesta- aseguran que siempre se volcó cuando se le pidió apoyo” desde la ciudad, para proyectos como la construcción de la segunda fase de la depuradora o impulsar la del Instituto Pere Mª Orts i Bosch. Asimismo, con esta distinción, Benidorm le reconoce “por haber aportado su talento a configurar el marco constitucional que consolidó nuestra democracia, apostando por la convivencia y el progreso de España”.
Por mayoría, y tras una enmienda del PSOE, se ha viabilizado la creación de una comisión técnica que se encargará del seguimiento y evaluación de las solicitudes de ayudas para la implantación de nuevas empresas en Benidorm.
Por unanimidad, ha prosperado el inicio del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana por jubilación de miembros del Cuerpo de Policía Local a los inspectores Miguel Peñalver, Francisco Javier Aguilar y Francisco Manuel Aguilar; a los oficiales Antonio Contreras, Sebastián Orias y Andrés Miguel García; y a los agentes Antonio Martínez, José María Sola, Juan Ramón Martínez, Tomás Antonio Trigo, Fernando Montes, Inés Martínez, Jaime Climent, Juan Calvo, Ceferino Barreña, Joaquín Moreno y José Antonio Mozo.
También por unanimidad se ha acordado pedir al Comité Español de UNICEF la inclusión de Benidorm dentro del programa Ciudades Amigas de la Infancia, expresando el compromiso de la ciudad de trabajar de forma coordinada y estable a favor de los Derechos de la Infancia. En la misma línea, y con idéntico resultado, el pleno ha aprobado el Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Benidorm.
En la misma sesión se ha dado cuenta de la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra una resolución de 20 de diciembre del Consell de Transparencia. Asimismo, también se ha dado cuenta del informe relativo al paso a nivel de la avenida Beniardá en relación con la línea del TRAM de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
Moción extraordinaria
Fuera del orden del día, el pleno ha aprobado por mayoría una propuesta del concejal de Limpieza Viaria, Arturo Cabrillo, enmendada por PP y PSOE, relativa al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. La propuesta contempla no admitir la revisión de precios de oficio reclamada por la concesionaria FCC y también el recurso contra el acuerdo plenario de septiembre de 2017, el cual queda en suspenso en lo relativo al cálculo de los precios del contrato para los años 2018 y 2019.
También incluye la obligación de aprobar los pliegos de condiciones del nuevo contrato antes de que finalice mayo, y que mientras opere la suspensión del acuerdo plenario de 2017 y/o no se adjudique el nuevo contrato el Ayuntamiento acepta el convenio laboral de 2013. Asimismo, se requiere a FCC que, previo al cobro de las diferencias económicas derivadas de suspender el acuerdo plenario de 2017, presente un aval bancario para que en caso de que los tribunales den la razón al Ayuntamiento en lo relativo a la relación de precios 2009-2011 la administración pueda recuperar las posibles cantidades abonadas a la mercantil.
Por último, la corporación ha acordado remitir al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para su dictamen el expediente completo de este asunto.