El pleno de Benidorm viabiliza la inyección de 6 millones de euros ‘extra’ para las ayudas a familias y al tejido productivo

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy por mayoría, con los votos del equipo de gobierno, la modificación presupuestaria para incrementar en 3 millones de euros las ayudas municipales a familias y en la misma cuantía la dotación de las ayudas a autónomos y empresas, de tal modo que cada una de estas líneas alcanza los 5,5 millones de euros.

La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha indicado que  también se aumentan en 100.000 euros los recursos de la Concejalía de Bienestar Social “para convenios con Cáritas y otras ONG’s”, y ha explicado que estos 6,1 millones de euros proceden del remanente de Tesorería para Gastos Generales del año 2020; es decir, del ahorro obtenido por el Ayuntamiento en el pasado ejercicio y que asciende a 12,9 millones de euros.

García Mayor ha señalado que a la hora de elaborar el presupuesto de 2021 se consideró que “desde el gobierno local, en una situación tan excepcional y por encima de nuestras competencias, debíamos ayudar a las personas y empresas más afectadas como consecuencia de la crisis y servir de palanca para impulsar la recuperación del tejido económico del municipio, colaborando en la supervivencia de nuestras  empresas y sus puestos de trabajo”. Por ello, “se incrementó la dotación de ayudas a familias y a empresas respecto al año anterior”, que ahora vuelven al crecer en un total de 6 millones de euros, y “se planteó un importante esfuerzo en inversiones para renovar e innovar nuestra escena urbana, financiadas en gran parte por subvenciones de otras administraciones”.

Para asumir la parte que le correspondía al Ayuntamiento de esas obras, se previó recurrir a préstamos. No obstante, “cuando aprobamos el presupuesto asumimos el compromiso de sustituir esa financiación con créditos con el remanente de Tesorería, compromiso que cumplimos ahora” destinando parte del ahorro logrado en 2020 a la financiación de esos proyectos y también a “nuevas inversiones para mejorar los servicios que presta la ciudad”.

Con el voto de toda la Corporación, se ha solicitado a la Generalitat Valenciana que amplíe seis meses el programa de Fomento de Empleo ECOVID, de tal modo que la duración final del mismo sea de un año. La moción de la concejal de Empleo, Mónica Gómez, ha sido enmendada por el PSOE para que si el gobierno valenciano “desestima la petición aún siendo de su exclusiva competencia” sea “el propio Ayuntamiento el que asuma la ampliación de este programa”, una opción –ha precisado la edil- que “ya se estaba estudiando”.

La concejal ha recordado que a través de este programa ECOVID el pasado noviembre se contrató por un periodo de seis meses a jornada completa a 55 personas desempleadas –muchas de ellas debido a la crisis sanitaria- para atender necesidades derivadas de la pandemia, y que prestan servicio en diferentes instalaciones y espacios municipales.

En este tiempo, este personal ha desarrollado acciones de interés general y social ligadas a la prevención y lucha contra la pandemia, entre ellas, labores de información y verificación del cumplimiento de medidas de protección anti Covid en campañas de vacunación, información a los usuarios de las playas o reparto de mascarillas entre la población”

Gómez ha incidido en que la situación que originó la puesta en marcha de este programa de fomento del empleo por parte de LABORA “sigue patente y de ahí que consideremos conveniente su continuidad para prácticamente cubrir todo el año 2021”, para “contribuir a reducir en la medida de lo posible los niveles de desempleo de Benidorm” y para “prolongar las acciones de prevención frente a la Covid, algo absolutamente necesario en un momento en el que no hay que bajar la guardia”.

Asimismo, y a través de una enmienda trasaccional hecha por el gobierno local, se ha acordado que el Ayuntamiento, “si la normativa lo permite y asumiendo las competencias de la Generalitat”, ponga en marcha “un Plan de Empleo específico para servicios de asistencia en materia de COVID y reforzar otros departamentos municipales”.

Con idéntico resultado, el pleno ha fijado los servicios que se van a prestar en las playas durante el mes de mayo, adaptando los mismos “a la evolución de la pandemia”. La edil del área, Mónica Gómez, ha informado que “se da continuidad al modelo” que ha operado en las playas desde junio del pasado año.

Así, durante el mes de mayo “se mantiene la parcelación de los arenales, con espacios de 16 metros cuadrados para asegurar la distancia física; un servicio de vigilancia y salvamento formado por 19 efectivos y con embarcación y ambulancia; así como un amplio dispositivo de limpieza a pie de playas y calas en turnos de mañana y tarde complementando el habitual servicio nocturno”. El coste de estos servicios se ha fijado en 193.180,70 euros. Durante todo el mes seguirá en suspenso el servicio de alquiler de hamacas y sombrillas.

Tal y como ha recordado, el pasado febrero se acordó que a finales de abril se aprobarían los servicios que “se iban a prestar a partir de mayo, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y las restricciones vigentes”. No obstante, se determinan ahora los servicios de mayo y más adelante se fijarán los que se prestarán en junio y en verano, “a la espera de un escenario más favorable” a nivel turístico.

Gómez ha avanzado que “los servicios de nuestras playas se van a ir modulando en función de la demanda y uso de las mismas, siempre bajo la premisa de la seguridad sanitaria, garantizando los aforos y la distancia física y asegurando al mismo tiempo el disfrute de todas las personas usuarias”.

También con el voto de todos los concejales, se ha aprobado el Plan de Reforma Interior (PRI) que permite cambiar el uso del solar de la Plaza Doctor Fleming número 1, el que anteriormente ocupaba la Oficina Central de Correos. La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha señalado que a través de este PRI, el uso del suelo pasa de dotacional a “residencial compatible con terciario”.

Caselles ha explicado que en este documento se recoge también “la compensación económica” que la propiedad entregará al Ayuntamiento “por el incremento de la edificabilidad” y que se ha fijado en 276.337,87 euros; una cuantía que “se destinará íntegramente al patrimonio municipal del suelo”.

A la hora de aprobar este PRI, que cuenta con todos los informes técnicos favorables, se han estimado “algunas alegaciones hechas por empresas suministradoras de servicios”.

De nuevo por unanimidad, el pleno ha aceptado la cesión gratuita del derecho de uso público de la escalera entre las avenidas Perú y Ricardo Bayona, propiedad de la Comunidad de Propietarios del edificio Holanda. El concejal de Patrimonio General, Jaime Jesús Pérez, ha explicado que la cesión del uso de esta escalera mejora la conexión entre ambas avenidas y por tanto beneficia al “interés general” de la ciudadanía al reducir “los itinerarios peatonales” y “mejorar la accesibilidad peatonal”.

Con idéntico resultado, se ha aprobado una moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica a la paralización, de forma inmediata, de cualquier instrumento legal o reglamentario destinado a modificar las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La portavoz del grupo, Lourdes Caselles, ha indicado que la modificación propuesta por el Gobierno es “inoportuna, arbitraria, carente de la debida justificación, no sustentada en razones hidrológicas y que llega a interferir en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo, que se está desarrollando”.

Caselles ha destacado que “en la provincia de Alicante vamos todos de la mano” contra esta modificación, que reduce los caudales “de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes”.

Por mayoría, ha prosperado la moción de la concejal de Educación, Maite Moreno, para reclamar al Consell que retire “el proyecto de organización de la orientación educativa y profesional del sistema educativo valenciano” que hace peligrar los Servicios Psicopedagógicos Escolares (los SPE) actuales”.

Moreno ha señalado que “es evidente que el proyecto elaborado por la Generalitat Valenciana ha producido un rechazo por una parte muy importante de la comunidad educativa, sindicatos docentes, colegios profesionales, organizaciones relacionadas con colectivos con necesidades específicas, el movimiento de madres y padres del alumnado”; así como los propios SPE, “los más directamente afectados”.

Ante “la inquietud” que el proyecto “está generando entre los profesionales del ámbito educativo, por el posible retroceso en la inclusión educativa que puede provocar el nuevo modelo”, la propuesta incluye instar a la Generalitat a crear “una mesa de negociación” con “los sectores más representativos de la comunidad educativa para buscar un consenso que garantice una educación de calidad e inclusiva”.

También por mayoría, se ha incorporado al texto refundido de la Ordenanza número 1 de Movilidad los artículos del 4.8 al 4.13 que se habían omitido y que fueron incorporados en las modificaciones hechas en los años 2016 y 2019.

Por unanimidad, se ha iniciado el procedimiento para que la Generalitat Valenciana conceda Felicitaciones públicas a los agentes Francisco Javier Sánchez y Mario César Martínez por sus intervenciones durante el pasado mes de febrero, que permitieron detectar 9.290 artículos caducados que estaban a la venta en varios establecimientos de venta de productos alimenticios.

En la misma sesión se ha dado cuenta de la aceptación por parte de la Conselleria de Hacienda de la parcela de 5.300 metros cedida por el Ayuntamiento en el Salt de l’Aigua para la construcción del nuevo Centro de Turismo (CdT). Asimismo, se ha dado cuenta de la sentencia que desestima un recurso presentado contra dos acuerdos plenarios de febrero y julio de 2020 en relación a los convenios urbanísticos del APR-7.

El pleno también ha tomado cuenta de la información contable del tercer y cuarto trimestre de 2020; y de la cesión al Ayuntamiento de Benidorm de los terrenos situados en el frente marítimo del Paseo de Colón y de la avenida Virgen del Sufragio, que fueron declarados innecesarios para el dominio público-marítimo terrestre y que se destinarán a viales y espacios públicos.

Asimismo, se ha dado cuenta del acuerdo de la Mesa de la Cámara del Senado en relación a la declaración de apoyo y respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado adoptada por el pleno en febrero.