El pleno aprueba una rebaja del tipo impositivo del IBI, del impuesto de vehículos y mantener sin cobrar la tasa de mesas y sillas en 2022

El pleno de la corporación en su sesión de hoy ha aprobado por unanimidad la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1 que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta modificación responde a la implementación de un Plan Municipal de Reducción Impositiva que rebajará el tipo impositivo del IBI en 0,12 puntos hasta situarlo en el 0,670. Aida García Mayor, concejal de Hacienda, ha manifestado al respecto que la modificación se lleva a cabo “con todas las cautelas que permitan seguir con el cumplimiento de las medidas de control de gasto y con el convencimiento de llevar a cabo una reducción de la carga fiscal durante los próximos años sin perjudicar los servicios municipales y las inversiones”.

La propuesta ha recibido una enmienda del grupo socialista para que el tipo impositivo se rebajase del 0,670 al 0,500, pero la misma no ha prosperado por los votos en contra del equipo de gobierno. La concejal de Hacienda lo ha justificado al indicar que había un informe contrario de Tesorería. El informe, ha indicado la edil, “no considera prudente ni recomienda” la propuesta socialista. Aida García ha añadido que si se aprobase la enmienda “comprometería proyectos de 2022”. 

La concejal ha reiterado el “compromiso” del gobierno local de volver a acometer otra rebaja fiscal el año que viene “que no comprometerá las inversiones de este ayuntamiento”.

En la sesión de hoy también han sido aprobadas por unanimidad las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales número 3, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y la número 20, reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local.

La modificación de la Ordenanza número 3 tendrá una repercusión “significativa”, con una reducción de una media de 0,3 puntos de coeficiente, lo que implicará “una disminución del 47% en los recibos de ciclomotores y motos de pequeño calibre, y entre el 18,75% y el 23,52% en los recibos de la gran mayoría de turismos” ha precisado Aida García.

En cuanto a la Ordenanza número 20, la corporación ha aprobado por unanimidad la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2022 de la suspensión de la tasa por ocupación de mesas y sillas en la vía pública.

Por mayoría, con los votos favorables de PP y PSOE y el voto en contra de Ciudadanos, se ha aprobado el Autorreglamento de Presupuesto Participativo de 2022, un documento aportado por la Comisión de Evaluación del Consejo Vecinal, del que la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, ha dicho que “garantiza la participación y la democracia participativa”.

En este punto, el grupo Ciudadanos ha pedido la retirada del orden del día al afirmar que el Consejo Vecinal no se ha reunido en dos años. La retirada del punto, no obstante, no ha sido atendida por el equipo de gobierno. Pellicer ha subrayado que el propio Consejo Vecinal ha argumentado como motivo para no reunirse la situación sanitaria “y por eso han adaptado sus mecanismos a las actuales circunstancias”. 

La edil, asimismo, ha recordado al portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, que el Autorreglamento “se inspira en los mismos criterios que el del pasado ejercicio, que fue aprobado por unanimidad”. En opinión de la titular de Participación, “Ciudadanos confunde reuniones del Consejo Vecinal, de las que hay que respetar su confidencialidad, con las reuniones de trabajo que hace el equipo de gobierno con la campaña ‘A pie de calle’”. “No me pidan” les ha espetado “que les haga partícipes de nuestro día a día”. Además, ha considerado que con el voto en contra “coartan la participación ciudadana en los presupuestos municipales, la mejora en barrios y que los vecinos tengan una vía de dialogo accesible para que elijan el modelo de ciudad que quieren”. Por último, ha recalcado que “es la primera vez que un grupo político vota en contra de la democracia participativa del Consejo Vecinal”.

También por unanimidad se han aprobado los servicios de playas que prestará la concesionaria para los meses de noviembre y diciembre. La concejal de Playas, Mónica Gómez, ha aludido al informe técnico en el que se concretan los servicios de limpieza y socorrismo, así como las hamacas y sombrillas. Así, seguirá vigente la colocación de 3.500 hamacas diarias. “La concesionaria prestará sus servicios de acuerdo al informe y habrá de abonar el ayuntamiento 128.511,16 euros más IVA en el mes de noviembre y 131.209,02 más IVA en diciembre. Ese mismo mes se elevará otra propuesta al pleno para establecer los servicios de los meses de enero y siguientes.

Igualmente, por unanimidad ha salido adelante la propuesta para la prórroga del contrato de mantenimiento de los parques y jardines de Benidorm. Según ha explicado el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, los informes técnicos indican que “procede la prórroga del contrato” para continuar con el mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad, que fue adjudicado a la mercantil Actúa, Servicios y Medio Ambiente. González de Zárate ha señalado que el pliego de condiciones reflejaba la posibilidad de prorrogar el contrato anualmente, a satisfacción de las partes. “El contrato, además, está actualizado con las nuevas zonas verdes de las que vamos a disponer” ha precisado el edil, que también ha añadido que está “garantizada la seguridad de los trabajadores de la empresa”.

El pleno también ha acordado la prórroga del plazo de ejecución de la obra de renovación integral de la avenida del Mediterráneo, fase 1, que queda extendido hasta el final de febrero de 2022. En este punto tanto el grupo socialista como Ciudadanos han votado en contra de la propuesta. 

José Ramón González de Zárate, concejal de Obras, ha comenzado remarcando que los vecinos y turistas “llevan un año disfrutando de la nueva avenida, que está siendo muy bien acogida y nos ha llevado a ser referente nacional e internacional”. El concejal ha admitido sin embargo que “hay cosas que faltan, es cierto,” pero ha explicado que en los informes técnicos “aparecen justificados esos retrasos”, motivados “por la crisis sanitaria, que ha causado demoras importantes a nivel mundial en el suministro de hierro y componentes eléctricos, que son los materiales principales del tecnohito”. “Son circunstancias que pueden ocurrir, pero lo que no podemos hacer es sancionar y dañar a las empresas porque es un problema ajeno a ellas” ha agregado González de Zárate.

El concejal de Obras ha especificado además que los retrasos habidos tanto en el alumbrado público como en la fuente ornamental “ya están solucionados” y que “solo falta el tecnohito y algo de cableado a cargo de las empresas de telecomunicaciones, como también ha corroborado la dirección facultativa de la obra y el departamento de Ingeniería municipal”.

Unanimidad ha tenido asimismo la declaración institucional por una financiación justa emanada de una propuesta de la Junta de Portavoces. En la misma se reclama una reforma “inmediata” del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías. La declaración también exige “unas inversiones ajustadas a nuestro peso poblacional” y que “el reparto de las inversiones y la ejecución atienda a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunitat Valenciana”. Además, se pide el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación” que han generado “una deuda insostenible”.

Por unanimidad se ha aprobado la cesión a Iberdrola de varias parcelas para la ubicación de centros de transformación sobre suelo de uso residencial del Plan Parcial 2/1 Poniente.

El grupo Ciudadanos ha presentado dos mociones al pleno. La primera de ellas era relativa a la realización de obras de mejora y renovación en el Paque de l’Aigüera y no ha salido aprobada al entender el equipo de gobierno que las actuaciones en el parque son “constantes”.

La segunda, que finalmente se ha quedado sobre la mesa a petición del propio grupo de Cs, era una propuesta para llevar a cabo acciones para la prevención del suicidio mediante campañas de concienciación, sensibilización y prevención para combatir el aislamiento social y promover la autonomía, así como el desarrollo de un protocolo de prevención e intervención de la conducta suicida para los colectivos profesionales más vulnerables.