La portavoz popular insiste en que “desoír los informes que indicaban que había que revisar los convenios y declarar su nulidad hubiera supuesto un delito de prevaricación
El gobierno recuerda al PSOE, una vez más, que los informes jurídicos han marcado la actuación municipal sobre los convenios de Serra Gelada
Recuerda que, siguiendo “la hoja de ruta trasladada por los servicios jurídicos”, se está a la espera de la aclaración de la sentencia del TSJ previa al recurso de casación
La portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, Lourdes Caselles, ha recordado una vez más al grupo municipal del PSOE que “los numerosos informes de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento son los que han marcado la actuación del Ayuntamiento sobre los convenios urbanísticos del APR-7 de Serra Gelada y siempre guiados por la defensa del interés general”. Unos informes que “indicaban que había que revisar de oficio estos convenios y promover la declaración de nulidad de los mismos”; argumento que fue refrendado hasta en dos ocasiones por el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Caselles ha respondido así a una nueva nota lanzada hoy por los socialistas, “los mismos que en los últimos años primero han votado una cosa y luego la contraria, para después ponerse de lado y no pronunciarse sobre un tema que es capital para el interés general de Benidorm”. “Parece que por fin les preocupan los convenios de Serra Gelada y sus consecuencias, no como en los últimos dos años en los que se han abstenido cada vez que el asunto se abordaba en pleno”, ha añadido.
La portavoz popular ha señalado que “mientras el PSOE optaba por esconder la cabeza, a pesar de que fueron sus gobiernos lo que renovaron esos convenios en 2010 y 2013, los sucesivos gobiernos de Toni Pérez han atendido en todo momento las indicaciones de los técnicos municipales y los numerosos informes que forman parte del expediente”. “Desoír esos informes o actuar y votar en contra de ellos hubiera supuesto la comisión de un delito de prevaricación, algo en lo que no van a incurrir los gobiernos del Partido Popular”, ha apostillado.
Tras preguntarse qué hubieran hecho la señora Cristina Escoda y sus compañeros con esos informes en caso de haber gobernado, Caselles ha recordado que, siguiendo “la hoja de ruta trasladada por los servicios jurídicos el pasado jueves en Junta de Portavoces”, el Ayuntamiento de Benidorm está a la espera de la aclaración de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en la que se condena al Consistorio a abonar 283 millones de euros más intereses a dos mercantiles propietarias de suelo en el APR-7.
Esa aclaración de sentencia es previa a la presentación de un recurso de casación contra esa sentencia.
Como ya se ha trasladado al grupo socialista en respuesta a las preguntas entregadas por el PSOE a la secretaria de la comisión de Urbanismo, y a las que se ha contestado por escrito a las 09.45 horas, en cuanto se disponga de la aclaración de sentencia y el recurso y los servicios jurídicos “lo estimen procedente” se hará llegar a los grupos de la Corporación ambos documentos.
Por último, Caselles ha pedido una vez más a Cristina Escoda “que aclare por qué el PSOE se opuso en 2003 a unos convenios que posteriormente renovó hasta en dos ocasiones y también que clarifique qué intereses ha estado defendiendo su partido en este asunto desde entonces, porque no parece que sea el interés general de Benidorm”.