Benidorm tendrá que pagar por sentencia a FCC 1,4 millones más intereses por la revisión de precios de 2009, 2010 y 2011
El juez estima la cuantía fijada por la auditoría externa del Ayuntamiento y rebaja en cerca de 2 millones la pretensión de la concesionaria
El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que pagar por sentencia judicial a la empresa concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basura, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), 1,4 millones de euros más los correspondientes intereses de demora a cuenta de la revisión de precios de los años 2009, 2010 y 2011. Este fallo judicial rebaja en cerca de 2 millones de euros la pretensión inicial de FCC y da por buena la cuantía fijada por la auditoria externa contratada por el Ayuntamiento.
Del contenido de esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, fechada el pasado 23 de diciembre y notificada ayer al Ayuntamiento, se ha dado cuenta a todos los grupos municipales en una Junta de Portavoces.
El origen de esta sentencia está en la solicitud de revisión de precios presentada por la empresa al Ayuntamiento en la anterior legislatura, concretamente en agosto de 2012, si bien desde 2010 había presentado un escrito anual en el mismo sentido. En esta solicitud, FCC indicaba que tenía derecho a cobrar 3.266.328,83 euros más intereses, en concepto de “diferencia entre cánones facturados y cánones revisados” de los años 2009, 2010 y 2011. Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, la mercantil optó por acudir a los tribunales para reclamar el pago de esta cuantía.
En su fallo, el juez reconoce el derecho de la mercantil a cobrar “la diferencia entre cánones facturados y cánones revisados de los periodos correspondientes a las anualidades de 2009, 2010 y 2011”, así como a percibir “los correspondientes intereses de demora a computar para cada ejercicio”. No obstante, rechaza la cuantía reclamada por la empresa y se acoge a la planteada por la auditoría externa contratada en su día por el Ayuntamiento, que habla de 1.409.166,94 euros.
El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que “la controversia estaba en la cantidad a la que ascendía la revisión de precios, ya que tanto Ingeniería como Intervención habían certificado en sendos informes que en base al contrato la empresa tenía derecho a pedirla”. El alcalde ha indicado que en un informe de 2011, y tal como recoge la sentencia, Intervención reconocía el derecho a la revisión de precios, si bien señalaba que no se podía abonar por “falta de consignación presupuestaria”. Posteriormente, en 2013 el mismo departamento indicó que a la hora de fijar la cantidad había que atenerse “al informe de la auditoría externa contratada por el Ayuntamiento” y que se ha aportado como prueba testifical durante el procedimiento.
Pérez ha añadido que “ya se han dado instrucciones para que de forma inmediata se pague el importe correspondiente a los intereses de demora”, que desde el Área Económica se estiman en alrededor de 400.000 euros. Por lo que se refiere al principal –los 1,4 millones de euros-, su abono se incluirá en el presupuesto de 2017.