Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian el nuevo fallo del TSJ sobre el APR7 Serra Gelada

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm ya estudian el nuevo fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en relación con el APR7 de Serra Gelada, que en su sentencia número 669/2025 ha estimado el recurso presentado por las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL, revocando la sentencia número 320/2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, favorable a lo defendido por el  Ayuntamiento. Así lo ha trasladado este lunes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien ha explicado ante los medios de comunicación que los servicios jurídicos municipales están estudiando el fallo y el alcance y posibles consecuencias del mismo, para establecer cuáles han de ser los siguientes pasos a adoptar para “tal y como hemos hecho en todo momento, seguir defendiendo el interés general y de los vecinos y vecinas de Benidorm en esta causa”. 

Pérez ha informado que, aunque la sentencia ha sido notificada oficialmente este lunes al Consistorio, “tuvimos conocimiento de la misma el pasado viernes, convocando inmediatamente una junta de portavoces para trasladar la información a los tres grupos municipales, con la máxima diligencia y transparencia con la que lo hacemos siempre”. Este mismo lunes, una vez recibida la notificación oficial, el fallo también se ha incorporado dentro de los despachos extraordinarios de la Comisión Informativa de Régimen Interior, dando cuenta administrativa de la misma a la Corporación. 

La sentencia dictada por la Sección Primera no es firme y contra la misma puede presentarse recurso en un plazo de 30 días naturales a partir de mañana. En ella, el TSJ revoca el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que declaró la nulidad de los convenios firmados en su día por el Ayuntamiento y los propietarios y que, como han hecho otros juzgados en Primera Instancia, avalaba la actuación municipal en defensa del interés general. 

El alcalde ha insistido en manifestar que “los servicios jurídicos municipales son los que van a marcar el camino de lo que hay que hacer a partir de ahora, estudiando la repercusión de este fallo y los pasos que debe seguir el Ayuntamiento” y que, una vez que existan informes, “se informará debidamente, como hemos hecho siempre y desde la máxima transparencia y diligencia, a los portavoces municipales, a la Corporación y a la ciudadanía”.

Asimismo, ha vuelto a pedir “prudencia y sensatez” y ha señalado que, “aunque estamos ante una circunstancia preocupante, todavía hay causas pendientes de ser juzgadas. Y sea cual sea el resultado final, se ha trabajado con mucho sentido común y siguiendo el criterio técnico”, ha agregado. 
“Somos el único gobierno capaz de afrontar las posibles soluciones a una sentencia sea cual sea, una vez que este asunto sea definitivo y firme”, ha concluido Pérez. 

Entre las cuestiones judiciales que aún están abiertas, se encuentra el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Constitucional y sobre el que todavía no hay pronunciamiento. Tampoco lo hay sobre la petición municipal de suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia 343/2024 del TSJ sobre este mismo asunto.