Benidorm se adhiere a las ayudas paréntesis del Plan Resistir aportando cerca de 790.000 euros

El pleno de la Corporación municipal ha aprobado hoy en sesión telemática la adhesión al denominado Plan Resistir, que incluye ayudas directas a sectores castigados por la pandemia y al que el Ayuntamiento de Benidorm aportará cerca de 790.000 euros. Por unanimidad, el pleno ha respaldado la propuesta del gobierno local, que ha enmendado así una moción del grupo municipal socialista sobre planes de ayudas por la crisis de la Covid-19.

La portavoz adjunta del gobierno, Mónica Gómez, ha explicado que según el decreto de la Generalitat Valanciana, dentro del programa 'Ayudas Paréntesis' del Plan Resistir el Ayuntamiento tiene que aportar el 15% del importe de las ayudas previstas para Benidorm, que supera los 5 millones de euros. El resto de la aportación correrá a cargo de la propia Generalitat y de la Diputación Provincial de Alicante. La portavoz adjunta ha destacado que “según los cálculos hechos por el gobierno autonómico, y en base a las empresas que según los mismos reúnen determinados requisitos, Benidorm es la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana con un mayor volumen de negocios y establecimientos afectados por la pandemia y por las medidas restrictivas adoptadas para frenar el avance de la Covid-19, como puedan ser el cierre perimetral de la región o de la hostelería”.

Gómez ha aclarado que “al margen de la participación en este plan, el Ayuntamiento de Benidorm tiene previsto lanzar nuevamente una línea de ayudas para empresas, comercios, pymes y autónomos, enfocada a minorar los efectos económicos que la pandemia ha ocasionado en el tejido productivo local con una inversión inicial ya contemplada de 2,5 millones de euros”.

Asimismo, la portavoz adjunta ha informado que se están ultimando las bases de las ayudas a familias frente a la Covid-19, para las que se han reservado inicialmente otros 2,5 millones de euros dentro de “una partida ampliable” y cuyas bases se abordaron ayer en Junta de Portavoces tras haber sido entregadas a los grupos de la oposición el pasado martes, día 26.

Con este acuerdo plenario, Benidorm es uno de los primeros municipios de la región en viabilizar su adhesión al Plan Resiste, que prevé ayudas de 2.000 euros por cada persona autónoma o microempresa, con tramos de mejora de 200 euros por empleado afiliado a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020, y de cuya tramitación se encargarán los propios Ayuntamientos.

Por mayoría, el pleno ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Estación de Autobuses SL para regularizar el contrato de construcción y explotación de la terminal en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que insta a volver a licitar todo el complejo. La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que este convenio ha sido redactado “por la comisión paritaria” encargada de la resolución del contrato de mutuo acuerdo y en cumplimiento el mandato plenario del pasado 26 de octubre.

Caselles ha recalcado que “no hay reparos técnicos al convenio”, que dimana de las actas de la propia comisión paritaria, formada por técnicos del Ayuntamiento y representantes de la empresa concesionaria.

A grandes rasgos, el convenio contempla liquidar la estación de autobuses por un importe máximo de 24,5 millones de euros, cuantía que no comportará desembolso alguno al Ayuntamiento ya se cubrirá en la nueva licitación, a realizar en un plazo máximo de seis meses -con posibilidad de añadir un plazo adicional de 3 meses por si requiera una segunda licitación-. Según los términos del convenio, el actual concesionario abandonará la estación y las zonas de uso comercial y hotelero dejando las instalaciones en perfecto estado. Para ello, Estación de Autobuses de Benidorm SL deberá ejecutar un proyecto de rehabilitación intetral del complejo que asciende a 287,141,07 euros. Asimismo, la mercantil seguirá prestando servicio hasta la existencia de un nuevo concesionario.

En la misma sesión, por mayoría se ha aprobado iniciar el expediente de revisión de oficio del convenio urbanístico firmado en abril de 2003 por el Ayuntamiento con Antonio Manuel Puchades y otras personas jurídicas de naturaleza mercantil en relación al desarrollo del sector APR-7. La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que “los informes técnicos” indican que procede seguir la fórmula de la revisión de oficio de este convenio”, al igual que se hizo en el pasado pleno con el formalizado con otra mercantil. Con el inicio de este expediente “se da trámite de audiencia a los interesados, previamente a solicitar dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC)” al respecto.

Por unanimidad, la Corporación ha respaldado iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana, en la modalidad de felicitaciones públicas, para el agente de la Policía Local Pedro José Moya Gisbert. El concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, ha explicado que con este expediente se quiere reconocer el “servicio especialmente meritorio” prestado por este agente, que el pasado 14 de diciembre “y hasta la llegada del SAMU practicó maniobras de reanimación a un bebé que se encontraba semiinconsciente y que tenía dificultades respiratorias”. Martínez ha señalado que esta intervención refleja “la profesionalidad y buen hacer” de los integrantes del Cuerpo de Policía Local.

Con idéntico resultado, ha prosperado una moción del grupo municipal del PP, enmendada por PSOE y Cs, para que se adopten medidas para rebajar el precio de la luz y “evitar así lastrar la economía de los hogares” en un momento de crisis como el actual. En la moción se hace referente a la “subida histórica del precio de la luz” registrada hasta en dos ocasiones durante la pasada 'ola de frío' y plantea diferentes medidas para rebajar el coste de esta energía en España, la quinta más elevada de Europa en 2019.

Así, en el texto aprobado se reclama “el tipo de gravamen que se aplica a la producción de energía eléctrica” del 7% al 0%, que “los costes regulatorios” que se incluyen en la factura para asumir el déficit del sector “se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, y que se rebaje el tipo impositivo del IVA al 4% equiparándolo al de otros países del entorno y al que se aplica a otros suministros básicos.

Mociones de la oposición

Asimismo, por mayoría se ha aprobado una moción del grupo municipal Cs para instar al Consell para proteger a las personas mayores y cuidadores frente a la Covid-19. La moción solicita que el gobierno valenciano provea de equipos de protección a todos los trabajadores que atienden a personas mayores, a implantar medidas de protección a mayores en situación de dependencia que viven fuera de residencias, a asimilar el calendario de vacunación del personal de residencias a los profesionales de cuidados domiciliarios, así como a incrementar las medidas de desinfección en residencias y centros de día. Además, se reclama al Consell que se realicen pruebas diagnósticas de Covid-19 periódicas tanto a residentes como a trabajadores de residencias de mayores y centros de día, y que los residentes puedan salir de las instalaciones para recibir atención médica en los municipios que se encuentran en nivel 3 de alerta.